En el tradicional desfile militar del 16 de septiembre de este año pudimos ver marchar a las Fuerzas Armadas de México y mostrar su músculo ante su comandante supremo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum.
En este sexenio, si hay una institución que ha sido favorecida y consentida es el Ejército. A la llegada de López Obrador al poder en 2018 los recursos a las fuerzas militares se dispararon exponencialmente, convirtiéndose en el tercer presupuesto más importante, solo debajo de la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Educación.
Ante la gran cantidad de presupuesto económico, el despliegue de poder de elementos y maquinaria militar destinados a las Fuerzas Armadas, nos extraña que el general Jesús Leana Ojeda, comandante de la tercera región militar en Sinaloa, al ser cuestionado sobre cuándo acabará la violencia que vive ese estado, expresó que: No depende de ellos, sino de los grupos antagónicos.
Es decir, hasta que las bandas del crimen organizado que luchan por controlar el territorio lleguen a un acuerdo o alguna salga victoriosa, la población civil seguirá siendo rehén de la violencia, en donde el gobierno de Rubén Rocha Moya ha sido sobrepasado y el ejército se encuentra como simple espectador.
El general Leana Ojeda en un golpe de honestidad dio a conocer un secreto a voces: la seguridad pública no depende de las Fuerzas Armadas. Entonces ¿Por qué la gran inversión inyectada en este sexenio al ejército?, ¿Por qué darles el control de 20 de 64 puertos aéreos que hay en el país?, ¿Por qué otorgarles tareas de administración y hasta proyectos de infraestructura? Y sobre todo ¿Por qué buscar militarizar la Guardia Nacional?
El Ejército Mexicano tiene un presupuesto de 259 mil 400 millones de pesos para este año, es decir, un aumento del 131.8 por ciento con respecto a lo aprobado en 2023.
En el informe “El Negocio de la Militarización. Opacidad, poder y dinero”, realizado por la organización “México Unido Contra la Delincuencia” (MUCD), se informó que a la Secretaría de la Defensa, que incluye al Ejército y la Fuerza Aérea, se le aprobó un presupuesto de 112 mil millones de pesos en 2023; sin embargo, terminó gastando 144 mil millones de pesos, un 29 por ciento más de lo autorizado.
En el caso de la Marina, esta institución gastó 57 mil 500 millones el año pasado, lo que representó un 37 por ciento más que su presupuesto inicial de 42 mil millones de pesos.
Esto, es un sobrejercicio de 47 mil 500 millones solo en un año, sumando más de 153 mil millones de pesos de 2019 a 2023. En comparación con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, del 2007 a 2011, la Secretaría de la Defensa tuvo un sobrejercicio de 51 mil 433 millones y la Semar de 14 mil millones de pesos, muy por abajo del sexenio obradorista.
Las fuerzas militares han tenido gran protagonismo en este gobierno, en tareas de seguridad pública o incluso para actividades ajenas a la disciplina militar, realizando labores de construcción y administración de las obras relevantes de la 4T, como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas.
A pesar de proclamarse como un presidente humanista, López Obrador ha compartido la abundancia del bienestar con las Fuerzas Armadas, otorgándoles una gran tajada del presupuesto. Esto no sería un problema grave, si al final el recurso invertido fuera dirigido a las obras destinadas, y a beneficio de la tropa; en mejor equipamiento, infraestructura, salarios, prestaciones y vivienda.
Pero en investigaciones de la organización “México Unido contra la Delincuencia” se evidenció de que los recursos públicos pueden ser destinados a otros fines que no son el interés público, en este caso, a satisfacer caprichos de las autoridades militares, como: viajes, artículos de lujo, mejores condiciones para su retiro, entre otras cosas. Creando así una nueva oligarquía procedente de las Fuerzas Armadas.
López Obrador sabe que su alto índice de popularidad no lo puede heredar a Claudia Sheinbaum, que tendrá que picar piedra para hacerse de capital político, por eso la necesidad de invertir en el poder militar como un plan de contingencia para sustentar el proyecto de la 4T que tiene miras más allá del 2030.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados discutió y aprobó el dictamen de la reforma constitucional que plantea traspasar el mando de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con ello la Guardia Nacional dejará de ser una institución policial de carácter civil, para convertirse en una fuerza de seguridad con elementos provenientes del Ejército y la Marina; y con facultad de investigación de delitos, al igual que el Ministerio Público y las policías.
Pasó al Senado para que le apliquen la misma medicina que se le aplicó a la Reforma al Poder Judicial, en donde Morena y sus aliados votarán a favor, para militarizar la seguridad pública.