Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Diputados del PAN andan queriendo sacarle raja política al proyecto gubernamental de convertir la Rumbo Nuevo en una carretera de cuota. El pasado martes subieron el tema a la tribuna legislativa y, desde ahí, arremetieron contra la administración estatal morenista, acusándola de andar urgida de ingresos presupuestales.
Sin embargo, los legisladores panistas cuentan verdades a medias en relación al asunto.
Por ejemplo, argumentan que, al aplicar un cobro por el uso de la Rumbo Nuevo se lesionará la economía de ciudadanos que la utilizan a diario, principalmente habitantes de Jaumave y Tula, además de maestros que se trasladan cada día a sus escuelas en esa zona del estado.
La realidad es que, las cosas no son como las pintan los panistas. El proyecto del gobierno es, si, aplicar un cobro por el uso de esos 37 kilómetros de carretera, pero solamente para tráileres y vehículos de carga pesada. El automovilista común estará exento del pago.
Los recursos que el gobierno recaude se destinaran para financiar la conservación y mantenimiento de esa vía, la cual estará a cargo de la empresa que gane la licitación respectiva.
En lo personal me parece que la estrategia del gobierno de Américo Villarreal Anaya es buena. Si el mayor daño a las carreteras lo ocasionan los vehículos de carga, suena normal que se les aplique un cobro.
De hecho, la ocasión resulta propicia para destacar la terrible situación de daño en que se encuentran la mayor parte de las carreteras y la necesidad urgente de que el gobierno estatal halle la forma de atacar el problema.
El mismo secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, admite que el 70 por ciento de ellas están en pésimo estado.
Quienes digan que el mantenimiento y conservación de las carreteras federales son competencia del gobierno federal, tienen razón, pero el problema está en que durante los últimos cinco años la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (SCT), ha dejado en el completo abandono las vías terrestres.
El presupuesto federal para conservación y mantenimiento de las carreteras prácticamente fue eliminado. Son migajas los recursos que el gobierno federal ha venido destinando a Tamaulipas para atender las carreteras.
A eso se le añade el fenómeno de la corrupción. Hay una confabulación descarada entre empresarios y funcionarios federales para pagar por obras que no se realizan. Se otorgan contratos de mantenimiento y conservación y aunque los trabajos no se ejecutan si se paga por ellos.
Las consecuencias saltan a la vista con carreteras destrozadas. Hay tramos en algunas de ellas, como la Victoria-Monterrey, donde literalmente el pavimento está desaparecido y la circulación debe hacerse a vuelta de rueda.
Frente a ello, debe ser el gobierno estatal quien asuma esa responsabilidad, porque la federación ya dejó claro que no lo hará. De ahí la relevancia de decisiones como el aplicar un cobro en Rumbo Nuevo.
EL RESTO
El diputado local, Humberto Prieto Herrera, es el claro ejemplo del político que no sabe lo que declara.
El martes, cuando los reporteros lo entrevistaron en su calidad de presidente de la comisión de asuntos fronterizos, el reynosense se aventó la puntada de sostener que: “los paisanos (que vendrán a pasar las fiestas decembrinas con sus familias) tienen garantizada la seguridad en las carreteras de la entidad”.
¿Tendrá varita mágica para atreverse a asegurar que nadie corre peligro en las carreteras?
Si de lo que se trata es de aparecer en los medios, los diputados tienen temas de sobra para abordar. El problema es que no se dan tiempo para estructurar algo que no suene tan fuera de lugar, por decir lo menos.
ASI ANDAN LAS COSAS.
