Ma. Teresa Medina Marroquín
QUEJAS Y DENUNCIAS SERÁN DESEMPOLVADAS DE LAS FISCALÍAS
Una de las grandes prioridades de esta nación es combatir la impunidad en todos los niveles, principalmente en las altas esferas de poder político y gubernamental.
En Tamaulipas, desde hace tiempo se viene confirmando cada vez más la versión de que no sólo quedarán inhabilitados quizá más de un centenar de funcionarios públicos, cuyos niveles jerárquicos podrían sorprender a la opinión pública.
También se habla de que muchos irán a la cárcel por la comisión de delitos considerados en el catálogo del Código Penal como graves o que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Se habla de que no será una “operación barredora”, sino una purga al aparato público de la entidad, acostumbradas las y los tamaulipecos a que simple y sencillamente las quejas y denuncias no pasaban de presentarse ante el Ministerio Público y luego al archivo.
Es decir, que todo era un circo político, muy distinto al que hoy se anuncia cuando, por ejemplo, se advierte que un día de estos (y supongo que es para empezar) el Congreso de Tamaulipas iniciará el procedimiento de desafuero hacia un servidor público de buen nivel.
EN LA LISTA APARECEN DIPUTADOS, ALCALDES, MAGISTRADOS Y FISCALES
Incluso se dice que, entre los transgresores de la ley, se encuentran “desde diputados locales, alcaldes, magistrados y hasta fiscales” (El Diario de Victoria, nota de Rogelio Rodríguez Mendoza).
Igual este reporte trasciende que “algunos legisladores locales sobre quienes pesan denuncias son: Carlos Fernández Altamirano, Félix Fernando García Aguiar, Leticia Sánchez Guillermo, Ángel Covarrubias, Luis René Cantú y Gerardo Peña”, acusados de vandalizar hace más de un año el edificio sede del Congreso.
Y las cosas vienen peor cuando la nota en mención se refiere a que funcionarios del nivel del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Edgar Danés Rojas, y el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, enfrentan carpetas de investigación.
Asimismo, ayer algunos medios difundieron que la Contraloría Estatal inhabilitó en lo que va de la presente administración a un total de 24 exfuncionarios del gobierno anterior, puntualizando que entre los exservidores públicos desterrados quizá para toda la vida de ser contratados por el Gobierno de Tamaulipas aparecen quienes fueron directores, subdirectores y jefes de departamento de sexenios anteriores que no movieron un dedo para combatir los delitos y la impunidad.
LA SOCIEDAD TAMAULIPECA CELEBRARÍA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD
Si esta ruta marcada por el gobernador Américo Villarreal Anaya es, como debe ser, un avance de justicia que no admite ni un paso atrás ni a los lados, entonces la sociedad tamaulipeca celebrará que el combate a la impunidad deje de ser sólo una promesa política de las tantas anunciadas por gobiernos estatales del pasado.
Y que las cosas van tan en serio que a pesar de que el “cuatroteísmo” se tardó, finalmente establecerá en lo sucesivo cambios de fondo y de forma, y no de aspectos meramente estéticos.
Tal como en el Gobierno federal se han logrado recuperar casi diez billones de pesos que grandes empresarios mexicanos y extranjeros adeudaban al fisco.
Y ojo: estamos hablando de BILLONES (millones de millones) que los grandes contribuyentes nunca pagaban porque los presidentes en turno se los toleraban y porque los empresarios les devolvían los favores, ya sabe usted, con tajadas impresionantes de dinero para que nunca les cobraran esas inmensas deudas fiscales. Inmensos y clandestinos negocios que al final impactaban al pueblo.
No vamos muy lejos con Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, con casi 30 mil millones de pesos de impuestos pendientes, tan acostumbrado a no pagar que ya está convertido en el rey del amparo, recursos con los que supone librará sus adeudos multimillonarios en tributación.
¡Deseándole un día maravilloso!
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