Rogelio Rodríguez Mendoza.-
El conato de violencia ocurrido este lunes en el Congreso del Estado no es ninguna sorpresa.
Al menos en este espacio hemos venido alertando de ello, desde hace varios meses.
Y hoy lo reiteramos: si alguien no mete paz y llama a la cordura a los diputados, en cualquier momento se pueden dar situaciones de mayores consecuencias.
No sería extraño que de pronto algunos legisladores (as) lleguen a los golpes y a algo más. No es exagerado advertir de una eventual tragedia.
Lamentable que algo así pueda suceder. De ahí la importancia de que alguien intervenga.
Este lunes, por ejemplo, algunas diputadas panistas, como la matamorense Leticia Sánchez Guillermo, se aprovechó de su condición de mujer para golpear, cobardemente, al periodista y jefe de Comunicación Social del Congreso, José Inés Figueroa Vitela.
Decimos que cobardemente porque Sánchez Guillermo sabe bien que el agredido estaba impedido para responderle en las mismas circunstancias. De haber reaccionado con la misma violencia, el comunicador habría sido “linchado” mediáticamente.
De suerte que en el recinto legislativo no había diputados de Morena porque seguramente se hubiera dado un enfrentamiento a golpes. Sobre todo porque los panistas se hicieron acompañar de diputados federales, como Vicente Verástegui Ostos, con fama de agresivo, y que se hizo acompañar de sus guardaespaldas.
La irrupción violenta de los panistas en la sede del Poder Legislativo fue para exigir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral, que ordenó restituir a uno de los suyos, al neolaredense, Félix Fernando “El Moyo” García Aguiar, al frente de la presidencia de la Junta de Coordinación Política.
Su exigencia puede ser justa, pero no es con violencia como van a lograr que les devuelvan la Jucopo. Ya se sabe que violencia genera más violencia.
Desde luego que también en la bancada de Morena debe imperar la cordura.
El problema es que ni unos ni otros quieren someterse al imperio de la ley.
En razón de todo ello, alguna forma deben encontrar ambas bancadas para resolver pacíficamente el conflicto.
Desde luego que también aviva el pleito, entre panistas y morenistas, la decisión de quien envió a más de medio centenar de policías para custodiar las oficinas de lo que ahora es la Junta de Gobierno, que para los panistas sigue siendo la Jucopo.
La presencia policial tensó más el ambiente y pudo ser la “chispa” de un conflicto mucho mayor.
Ese mismo que envió a policías fue el que “convenció” a unas treinta personas, en su mayoría mujeres, para que se apostaran afuera del Congreso del Estado, portando pancartas de repudio a los diputados panistas.
Por eso nuestra insistencia en que hay un caldo de cultivo para que se den hechos peores que los de este lunes.
EL RESTO
De acuerdo con el vocero de seguridad pública, Jorge Cuéllar Montoya, a partir del uno de octubre el Gobierno del Estado comenzará a decomisar vehículos “chocolates”.
Dudo mucho que eso ocurra. A pesar del decreto de nacionalización, son miles los ciudadanos que no se han acogido al programa y a eso hay que sumarle que diariamente siguen llegando decenas de unidades de contrabando.
En esas condiciones resulta imposible que el gobierno pueda acabar con el problema. Quien diga que eso ocurrirá, es iluso.
ASI ANDAN LAS COSAS.
