Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-
Si bien hay procesos cerrados con una dictaminación, las cuentas públicas de ejercicios fiscales 2021 y 2022, entre estas 115 consideradas como reservadas, todas ellas se pueden abrir en un momento dado, confirmó Francisco Noriega Orozco.

El titular interino de la Auditoría Superior del Estado (ASE) dijo que este organismo es una institución apartidista y sin colores, de tal manera que en la revisión no habrá intocables, sean ex alcaldes o quienes hayan estado al frente de organismos en los que se manejan recursos públicos.

SE RESERVARON 115 CUENTAS

Tras destacar que próximamente se terminará con el proceso de entrega-recepción, admitió que tan solo del ejercicio fiscal 2021 existen alrededor de 115 cuentas que la Auditoría Superior del Estado reservó, luego de que el Congreso local requirió, que tienen denuncias y se reserva la información.

“El proceso de entrega está por concluir, va bien, es meramente institucional y creemos que tendrá un buen finiquito es un proceso de revisión de temas administrativos que son el recurso financiero, el humano y el material”, explicó.

Comentó que es un tema de formatos donde se presentan todos los expedientes en su poder y por la ley de servidores están obligados a presentar “y otra cosa es lo que en realidad existe, tenemos un período de tiempo posterior para poder hacer las observaciones necesarias y finiquitar o fincar responsabilidades si así lo amerita”, precisó.

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¿QUÉ PASÓ CON LOS RECURSOS?

Noriega Orozco dijo que es importante saber y conocer qué pasó con los recursos asignados al Estado, “y si de alguna manera se enteraron o presenciaron los ciudadanos, que puedan presentar sus denuncias para retroalimentarnos de lo que sucedió o está sucediendo”, sostuvo.

El titular interino de la ASE señaló que al término del proceso de entrega-recepción corresponderá a quienes entren en funciones dictaminar tres ejercicios fiscales de cuentas públicas del 2021, 2022 y 2023, para solventar lo más pronto posible.

Reiteró que la Auditoría es una institución apartidista, sin ideología política, que rinde cuentas a la población sin distinción de colores, pero que tiene derecho a saber en qué se utilizan los recursos públicos asignados al Estado.

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