Rogelio Rodríguez Mendoza.
Cd. Victoria, Tam.- La Diputación Permanente convocó a reunión a la comisión instructora para iniciar el desafuero de un servidor publico y con ello dejar en posibilidades a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de proceder penalmente en su contra.
Por el imperativo legal de cuidar el debido proceso, el órgano legislativo determinó no revelar la identidad del acusado.
Durante su sesión de este domingo, la Diputación Permanente ordenó a los integrantes de la comisión instructora atender la solicitud de la delegación de la fiscalía general de justicia en Nuevo Laredo, a cargo de Jorge Armando Vázquez Lozano, de iniciar el procedimiento para despojar de la inmunidad procesal al acusado.
Se prevé que la comisión instructora se reúna esta misma semana para desahogar la solicitud de la instancia persecutora de los delitos.
La misma Diputación Permanente instruyó al Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que el juez de Control de Nuevo Laredo, suspenda todo procedimiento en contra del servidor público hasta que la Comisión Instructora concluya el procedimiento respectivo.
Actualmente existe al menos una docena de servidores públicos acusados ante diferentes agencias del Ministerio Público por diversos delitos, por lo que cualquiera de ellos podría ser a quien se le iniciará el proceso de desafuero.
Entre los acusados hay desde diputados locales, alcaldes, magistrados y hasta fiscales.
Algunos legisladores locales sobre quienes pesan denuncias son: Carlos Fernández Altamirano, Félix Fernando García Aguiar, Leticia Sánchez Guillermo, Ángel Covarrubias, Luis Rene Cantú, Gerardo Peña, y Vicente Verástegui, por la vandalización al edificio del Congreso del Estado, el pasado 10 de julio del 2023.
También enfrentan carpetas de investigación el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), Edgar Danés Rojas, y el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Raúl Ramírez Castañeda.
El artículo 152 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, señala que las declaraciones del Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia son inatacables.
Procedimiento penal contra funcionarios públicos
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su cargo en tanto este sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función.
“Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Estado, los Consejeros de la Judicatura, los Jueces, los Secretarios del Ejecutivo, el Fiscal General de Justicia, los Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción, Delitos Electorales y Asuntos Internos, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, el titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, los Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y los titulares de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará, por acuerdo de las dos terceras partes del total de sus miembros, si ha o no lugar a proceder contra el imputado”, señala el citado artículo.
Precisa también que, si la resolución del Congreso fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.
“Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo de la Ley”, indica.
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