Hay desacatos sobradamente justificados que no ameritan penas.
Cuando el alcalde de Tampico, JESÚS NADER dijo que tope donde tope y duélale a quien le duela, la diputada NORA GÓMEZ sigue siendo la dirigente del PAN en su municipio, sonó bofa la sentencia del administrador de la carroña cabecista.
El cuadro se acabó de completar, cuando el también diputado local panista, CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, salió a proclamar que la sanción contra su compañera, respondía a una petición de la militancia.
¿Militancia?… lo que queda del panismo en Tamaulipas permanece, por quienes se salvan de las salpicadas de inmundicia que dio y sigue aventando el exgobernador de triste memoria, su familia y cómplices.
¿Alguien quiere poner de un lado de la balanza al extitular estatal del deporte acusado de sustraer decenas de millones del presupuesto en su tiempo junto con el dirigente estatal del partido cuyos manejos de prerrogativas están señaladas de irregularidades y del otro lado al edil porteño?
Sin detrimento del alcance de su gestión, que siendo buena, para muchos ha sido insuficiente, parcial y sectaria, en el reducto partidista, la credibilidad y decencia de CHUCHO NADER es diametralmente opuesta a la mala fama y peores artes de “los CABEZA” en la cueva.
Por eso el peso de la decisión del alcalde porteño, aunque parecerá un desacato al principio de orden partidista, es más vigente y trascendente que la sentencia de castigo emitida por los mandos formales y fácticos del Comité Estatal panista.
Caso similar pasa con el amparo que los jueces federales de Reynosa dieron al eufemísticamente llamado Fiscal Anticorrupción del Estado, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, al tiempo que un juez de control le emitió una orden de aprehensión.
Jurídicamente, hay instancias por dirimir, pero a los ojos de la opinión pública queda claro que lo que los representantes de “la justicia federal” pretenden proteger, entre recovecos cuestionados de la ley, es la prolongación del delito, en un delincuente consumado, mientras el juez local, ha reaccionado a la fuerza de delitos evidentes de su autoría.
¿Hay un desacato a la ley si no se reinstala al corrupto Fiscal Anticorrupción por el Mandato de los jueces federales que desconocieron las potestades de la representación popular para actuar en ese caso?
Las instancias jurisdiccionales dirán la última palabra, pero los ciudadanos tamaulipecos tienen muy claro quienes han actuado correctamente y quienes no; reclaman justicia, porque finalmente, siguen siendo las víctimas en quienes se recarga el pago de los platos rotos.
Al final del día, lo que se llevaron los protegidos de los jueces federales de Reynosa y el tal RAÚL “R” pretende seguir llevándose, es lo mismo que durante seis años se negó a los tamaulipecos todos: las oportunidades, el mantenimiento y la modernización de la infraestructura pública, los apoyos sociales, los servicios.
Ese dinero no invertido y desviado al enriquecimiento privado, abrió las brechas de desigualdad, negó calidad de vida y la vida misma a muchos ciudadanos.
¿Quién está en desacato?
Los jueces, los magistrados, los consejeros, los diputados, los fiscales, los comisionados, son libres e independientes y se les paga, más que bien, para que hagan justicia y vean por los intereses del pueblo.
Varios, más, muchos, no están cumpliendo.
Y todavía se atreven a mandar a cerrar las calles y tomar oficinas a sus subordinados, quienes, del gran pastel, no ven ni pasar de lejos las boronas.
¡Qué poca!
Ahora es tiempo de Feria; el gran escaparate estatal lo inauguró ayer tarde el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, acompañado de su esposa, la señora MARÍA, con buena parte del gabinete, diputados y alcaldes.
