Rogelio Rodríguez Mendoza
El abandono gubernamental y ahora la inseguridad pública, comenzaron a cobrarle la factura al campo de Tamaulipas.
Organizaciones de productores, y diputados locales que conocen bien el tema porque también se dedican a alguna actividad agropecuaria, han venido denunciando que este año se quedarán sin sembrar alrededor de 200 mil hectáreas, sobre todo en el valle de San Fernando.
Se trata de una cifra impresionante porque representa casi el 25 por ciento de las 750 mil hectáreas que cada año se siembran en el ciclo agrícola Otoño-Invierno, el más importante de Tamaulipas, por lo que seguramente las consecuencias las veremos al momento de levantar la cosecha.
Anualmente se producen en Tamaulipas cerca de tres millones de toneladas de sorgo para ser el primer lugar nacional en producción de ese grano. Pero con 200 mil hectáreas menos en producción es muy probable que en el 2025 pierda esa condición.
Pero eso no es todo: suman también por miles las familias campesinas que han tenido que emigrar hacia las ciudades en busca de sustento económico.
Muchos de los desplazados son los dueños de esas 200 mil hectáreas abandonadas. Vivían de la que cosechaban, y al no haber cosecha quedaron orillados a dejar sus comunidades.
Otros tantos han huido intimidados por el regreso de la violencia delincuencial. Los grupos criminales se han adueñado de rancherías y comunidades y las familias tienen miedo.
“Los grupos criminales intimidan a la gente del campo. No la dejan salir de sus comunidades y tampoco la dejan sembrar. Por eso hay muchas familias que se están yendo a las ciudades”, asegura Marina Ramírez, diputada local del PAN.
Combinados esos dos factores: abandono gubernamental e inseguridad pública, las alternativas para los agricultores están agotadas, porque ni siquiera la renta de las tierras es una opción, toda vez que ante la falta de rentabilidad de la actividad no hay quien quiera invertir.
Pero no hay de qué asombrarse. Tarde o temprano la situación se iba a dar. Aquí anticipamos ese derrotero para el campo tamaulipeco. No somos expertos en el tema, pero las consultas con los líderes campesinos y con algunos funcionarios públicos permitían pronosticar el desastre.
Era una consecuencia inevitable luego de que el Gobierno federal canceló, desde el 2018, todos los subsidios asignados al campo con la idea de que se daría prioridad a los productores del sector social.
El objetivo, argumentó el gobierno, era rescatar de la pobreza a los más desprotegidos, pero en los hechos terminó sumiendo en esa pobreza a miles de familias que vivían de la agricultura comercial.
Al cerrar la llave de los subsidios la Federación dejó al garete toda la actividad agropecuaria del estado, pero principalmente la agricultura.
Y no es que el gobierno esté obligado a subsidiar al campo. Ese fue un compromiso que asumió desde que México firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.
Era la única opción de que los productores mexicanos pudieran competir con sus pares de esos dos países.
Por eso, cuando la Federación decidió anularles esos apoyos, los terminó “quebrando”, porque los dejó sin posibilidad de competir con los estadounidenses y canadienses que si reciben enormes subsidios de sus gobiernos.
La pregunta es: ¿Seguirá el gobierno ignorando el desastre o habrá un giro en la política agropecuaria?
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
