Rogelio Rodríguez Mendoza
Más de dos mil unidades del transporte público de Tamaulipas están en condición de “chatarra”, lo que afecta la calidad del servicio y pone en riesgo a los usuarios.
Con esa contundencia y crudeza, describió, en marzo pasado, José Lara Valdés, subsecretario del Transporte del Gobierno del Estado, la “radiografía” del servicio de transporte que reciben los tamaulipecos en cada una de las ciudades del estado.
La cifra es de miedo. Dos mil vehículos representan casi la mitad de los que diariamente movilizan a las personas en Tampico, Madero, Altamira, Mante, Victoria, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, y otras ciudades más.
Pese a ello, las unidades, en su mayoría microbuses y autobuses, siguen circulando, poniendo en peligro la vida de los usuarios.
Pero eso no es todo: las unidades tampoco cumplen con las medidas de higiene necesarias, y para abonarle al hecho, los choferes además de maltratar al usuario, violentan la normatividad vial, bajando o subiendo pasaje en sitios no permitidos y pasándose la luz roja de los semáforos.
Lo más sorprendente de todo es que se trata de un tema viejo. Viejísimo.
Y aunque las distintas administraciones estatales han hecho intentos por reordenar el transporte público, los fracasos han sido recurrentes.
Muchos son los factores por los que el gobierno no ha podido meter al orden a los transportistas, pero sin duda el más importante ha sido la tibieza y la falta de voluntad política para aplicar la ley a rajatabla.
Han sido varias las reformas que se le han hecho a la Ley del Transporte Público, precisamente con la intención de abatir los rezagos en el rubro, pero a la hora de la hora, ante el primer amago de los concesionarios, la autoridad se frena en la aplicación de la normativa.
“Estamos seguros que estas adecuaciones contribuirán a perfeccionar las medidas y acciones orientadas a una mejor estructuración y prestación del servicio público de transporte, por lo que como órgano legislativo estaremos coadyuvando a que en nuestro Estado se eleve la calidad del transporte público”, argumentaron en agosto del 2017 los entonces diputados locales al aprobar una de tantas iniciativas de reforma a la ley.
Esa y otras reformas son casi perfectas en el papel, pero en la realidad son letra muerta.
Por ejemplo, la ley prevé que no habrá concesiones para unidades con más de cinco años de antigüedad y a pesar de ello hay cientos de vehículos viejísimos prestando el servicio.
También, cada unidad debe contar con un sistema de GPS, lo cual prácticamente ninguna cumple.
Como resultado de ese desacato a la norma, el transporte público de Tamaulipas es un desastre.
Le cuento de todo ello por el operativo “Micro Seguro”, que recientemente implementaron las autoridades locales, y que detonó un paro de varias horas por parte de quienes prestan el servicio en la Capital del estado.
Fue un desafío o un reto de los microbuseros hacia la autoridad.
A pesar de ello, el titular de Tránsito en Victoria, Javier Córdova González, asegura que las acciones contra el transporte público continuarán, y todo aquel vehículo que incumpla con los requisitos de ley será sacado de circulación.
Veremos hasta dónde es verdad el dicho del funcionario. Ojalá que este nuevo intento por poner orden en el transporte público tenga éxito, y no vaya a terminar en fracaso como les sucedió a las anteriores administraciones gubernamentales.
Es tiempo ya de que el gobierno dé un manotazo en la mesa para que quienes tienen concesiones del transporte público cumplan con la ley. Las leyes son para cumplirse y la autoridad debe asegurarse de que ello ocurra.
Esa es la única forma de que, a la vuelta de pocos años, Tamaulipas tenga un transporte público digno y de calidad. ¿Lo tendremos?
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
