José Inés Figueroa Vitela.-
Recordamos que nunca ha estado en tela de duda el rosario de
delitos que cometieron y siguen cometiendo.
Lo que permanece en la palestra es el señalamiento sobre los
cómplices incrustados en el andamiaje jurisdiccional, que han tendido un
manto de impunidad para el grupo que asaltó el poder el pasado sexenio.
La llegada, de RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA a la Unidad de
Inteligencia Financiera y Económica primero, y después EDUARDO GOVEA
OROZCO a la Fiscalía Anticorrupción, abrió la expectativa del rompimiento
de ese cerco delincuencial, como una cuña ajena a la tutela del
exgobernador de triste memoria, cabecilla de la banda aquella.
Por sobre él saqueó, el desmantelamiento, los obstáculos, las
trampas herencia del mal gobierno pasado, el doctor AMÉRICO
VILLARREAL ANAYA ha sabido liderar la transformación que hoy se mide
en bienestar, desarrollo y oportunidades crecientes.
El reciente anuncio de trabajo coordinado, entre aquellas instancias y
sus titulares, abonó a esa aspiración de justicia al pueblo de Tamaulipas,
sancionando a sus saqueadores e intentando revertir al patrimonio público
el producto del saqueo.
Que las instancias federales estén dando signos de actuación en
consecuencia, liberando los resortes sobre los que se ha soportado la
impunidad del exgobernador y sus cómplices, entusiasma al colectivo, en la
eventualidad de que regrese el estado de derecho y el imperio de las
instituciones del pueblo.
Dicho de otra manera, sin el amparo de los jueces federales
radicados en Reynosa, con justificaciones que eran una burla a la
inteligencia y el derecho de los tamaulipecos y con un Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación reivindicando el valor indisoluble del voto,
estamos del otro lado.
Al Fiscal General de Justicia del Estado -sin más adjetivos por el
momento- IRVING BARRIOS MOJICA, el mismísimo Jefe de las
Instituciones del País, quien no es otro que el Presidente ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, le concedió una última oportunidad.
Que cumpliera con sus responsabilidades constitucionales o que
dejara el cargo. Por estos días, está a prueba con cual disyuntiva se queda.
Ya se consignaron las carpetas de investigación sobre algunos de los
delitos en los que se habrían visto inmiscuidos los ex secretarios de
Educación y Desarrollo Urbano, MARIO “G” y GILBERTO “E”.
Es el turno de DAVID CERDA ZÚÑIGA, el Magistrado Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia.
Que muestre con quienes están puestos sus compromisos: con la
justicia y los tamaulipecos, a con quien lo puso en el cargo, los delitos y
complicidades de que fue autor, instructor e inspirador, en la anterior
administración estatal.
Desde luego, hay elementos para poner en el mismo morral de los
funcionarios del pasado sexenio, al propio Fiscal, a su círculo cercano de
colaboradores, así como al Magistrado Presidentes y varios de los
integrantes del pleno judicial.
“Es la hora de todos”, se repite con insistencia entre la opinión pública
tamaulipeca, aunque en su caso encuentran una fisura por donde colar la
reivindicación.
Cumpliendo finalmente con su trabajo y demostrando, si fue el caso,
que actuaron bajo presión, atendiendo órdenes coaccionadas, salvarían de
alguna manera el estigma que priva sobre ellos.
Toda la parentela directa, a la que se encargó de implicar, tal vez con
la idea de no ir solo al encierro, casi todos los secretarios y buena parte del
segundo y tercer nivel del andamiaje gubernamental, del sexenio anterior,
han sido señalados de haber cometido actos ilegales en el desempeño
público.
La profilaxis ha iniciado en la estructura cupular y con los delitos
menores que se han encontrado; no pasará mucho tiempo en que la manga
ancha de la justicia alcance al propio exgobernador y entonces sí, será “el
llorar y el tañer de dientes”.
No hay crimen perfecto.
Sancionarlo hoy es, además, el espacio necesario para avanzar más
de prisa en la recuperación, modernización y proyección de un futuro más
promisorio para todos.
Veremos.
