El general en retiro del ejército mexicano, Juan Antonio Sánchez Ruiz, fue designado como Subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública.
El cargo no es otro más que el de jefe de los Penales de Tamaulipas.
Con la designación de quien hasta la semana pasada era su asesor estrella, el secretario de seguridad pública, Sergio Hernando Chávez , hace suya una vieja y fracasada tesis presidencial de que los militares todo lo resuelven.
Primero fue el presidente, Felipe Calderón, quien llevó a los militares a hacer tareas de seguridad pública. Luego le siguió Enrique Peña Nieto, y aunque había dicho que él no haría lo mismo, Andrés Manuel López Obrador es el que más ha recurrido al ejército.
Obviamente que, siguiendo esa dinámica, también los gobiernos estatales comenzaron a echar mano de militares para encomendarles el mando de la seguridad pública.
Lo hicieron porque, igual que el Gobierno federal, los gobernadores suponían que los delincuentes se amedrentarían frente a la figura de un militar y que eso llevaría a la baja los índices de inseguridad pública.
Sin embargo, la situación de barbarie delincuencial que vive hoy gran parte del país es demostración contundente de lo falaz de esa tesis.
Por el contrario, con los militares al frente de las corporaciones policiales la delincuencia se desbordó.
Las causas del fracaso de la militarización de la seguridad pública son diversas pero una de ellas, sin duda, fue la inexperiencia de los soldados.
Por eso, no genera ninguna expectativa favorable para el sistema penitenciario de Tamaulipas la llegada del general Sánchez Ruiz.
Resolver el desastre en que se encuentran, desde hace por lo menos 20 años, los penales, requiere mucho más que un militar en el cargo.
De inicio, es necesaria la voluntad del gobierno para resolver el problema, la cual no han tenido las tres últimas administraciones. Una voluntad que debe traducirse en mayor presupuesto.
A partir de ahí, con dinero en mano, puede diseñarse una estrategia que vaya resolviendo los grandes males de los reclusorios del estado, que desde hace 12 han sido calificados como los peores del país.
Los males se cuentan por docenas, pero el principal es el grave déficit de custodios, lo cual es entendible porque se trata de una tarea donde a diario se pone en riesgo la vida.
Así, con una deficiente vigilancia, los reclusorios han sido coptados, desde adentro y desde afuera, por los grupos criminales, quienes someten a las autoridades al colocarlas en aquella disyuntiva fatal de, “plata o plomo”.
Derivado de ello, los penales están bajo el dominio de los llamados autogobiernos, que son los generadores de la violencia y toda la problemática que los mantiene reprobados.
En suma, entonces, lo que las cárceles necesitan es presupuesto y no un general.
EL RESTO
¿DE QUÉ SE CUIDA?.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, (UIFE), Raúl Hernández Chavarría, sorprende, casi a diario, a los comensales del restaurante El Ébano, en Ciudad Victoria.
No es para menos el asombro por el aparatoso y ostentoso dispositivo de seguridad que acompaña al funcionario estatal. La escena se repite cada mañana: Hernández arriba al lugar en una lujosa camioneta Suburban, en la que viaja acompañado de una elegante dama.
Atrás lo sigue otra camioneta de características similares en la que viajan tres guardaespaldas. Uno se queda afuera en la vigilia, mientras que otros dos se instalan en una mesa estratégica del restaurante, vigilando a distancia a su jefe y su acompañante.
El aparato de seguridad estaría justificado si la UIFE ya hubiera encarcelado a dos o tres “peces gordos” de la anterior administración, pero el problema es que no se le conoce ningún resultado trascendente.
Entonces ¿de qué se cuida don Raúl?
ASI ANDAN LAS COSAS.
