Rogelio Rodríguez Mendoza
El proceso electoral para elegir a 147 juzgadores estatales entró ya a sus fases finales y con ello crece la incertidumbre y el temor de las consecuencias que traerá para la sociedad el sustituir a todos los jueces tamaulipecos.
El pasado viernes se desarrolló la etapa de insaculación para definir el listado de aspirantes, de entre los que cada Poder, (el legislativo, ejecutivo y judicial), definirán a quienes postularán para cada uno de los cargos en disputa.
Sin embargo, insisto, conforme avanza el proceso electoral, es mayor el convencimiento para muchos, entre los que me incluyo, de que la reforma judicial será un error que le costará muy caro al país, y cuyo precio lo terminaremos pagando los justiciables.
Es increíble, disparatado, irracional, insensato, que haya quienes crean que por el simple hecho de que un juez va a ser electo en las urnas, el sistema judicial se va a depurar y quedará impoluto, libre de corrupción, como si este mal fuera susceptible de arrancarse de tajo.
Por el contrario, el daño será doblemente terrible, porque la corrupción seguirá prevaleciendo, incluso con mayor presencia que hasta ahora, con el añadido de que tendremos a jueces inexpertos o improvisados que representarán un riesgo al momento de decidir la suerte legal de las partes involucradas en un juicio.
En medio de la insensatez que representa la reforma judicial, lo sensato hubiera sido que al menos en nuestra entidad esa decisión que materializara gradualmente para ir precisamente calculando riesgos y reparando daños.
Pero no, se optó por renovar a todo el Poder Judicial del Estado sin importar el peligro que ello implica.
A ese respecto, el pasado martes, uno de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, Edgar Maciel Martínez Báez, presumió, como un logro que, en Tamaulipas, a diferencia de lo que sucedió en el ámbito federal, se haya tomado la decisión de reemplazar a todos los juzgadores.
Es decir, festejó que se vaya a elegir nuevos jueces, juezas, magistradas y magistrados en general, cuando el sentido común indicaría que, para hacer menos daño, se hubiera replicado la decisión federal de solo llevar a la elección un porcentaje de los cargos judiciales este año y los faltantes en una elección posterior.
El problema con Martínez Báez, como con muchos peritos en derecho que aplauden la reforma judicial, es que atrás de sus aplausos a la elección de juzgadores parece haber más motivación de conveniencia personal que un razonamiento objetivo.
O que, ¿a poco con todo lo estudiosos que han sido del Derecho, y toda su trayectoria como jueces, no son capaces de advertir, no solo lo absurdo sino también los grandes riesgos que implica la reforma judicial para los mexicanos?
Desde luego que lo saben, pero, insisto, la aplauden o la apoyan por así convenir a sus intereses, ya sea para cuidar un trabajo o porque a cambio les prometieron un espacio mejor.
El punto es que, cada vez falta menos para el primer domingo de junio próximo, cuando los tamaulipecos iremos a las urnas para elegir a 147 juzgadores del Poder Judicial del Estado y decenas más del Poder Judicial de la Federación, con lo que se estará consumando la destrucción de un sistema de justicia que estaba convertido en un verdadero dique de la injusticia.
Pero, sobre todo, estaremos sepultando al único contrapeso que había para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que ya están convertidos en uno solo bajo el dominio de un solo partido.
Como le he comentado aquí mismo en otras ocasiones, en lo personal siento más miedo que preocupación por lo que viene. Nada me daría más gusto que equivocarme en mi escepticismo, y que la reforma judicial fuera un éxito y fuéramos, como dicen algunos, un modelo para el mundo, pero el solo pensarlo o imaginarlo también sería absurdo.
ASI ANDAN LAS COSAS.
