Si el gobierno federal no deja de inyectarle recursos presupuestales a la obra, antes de la mitad del próximo año deberá quedar concluido en Nuevo Laredo, la sede de la Dirección General de Aduanas, para dar cumplimiento a una promesa de campaña del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de mudar esas oficinas al municipio fronterizo de Tamaulipas.
La idea de López Obrador, de descentralizar la instancia responsable del sistema aduanero del país y, con ello, agilizar los trámites gubernamentales en la materia pero, sobre todo, se pondrá un dique de contención a la corrupción que fomenta y tolera el tráfico de armas, el contrabando de vehículos “chocolates” y otros tantos ilícitos que a diario se cometen en los cruces fronterizos.
Desde luego que será un privilegio para Tamaulipas, y particularmente para el municipio de Nuevo Laredo, ser la sede de una de las instancias gubernamentales más importantes de la administración pública federal.
El problema es que, para frenar la corrupción no basta con un decreto. Se requiere mucho más que eso.
¿O alguien cree que el solo hecho de trasladar esa dependencia a la frontera será el remedio para combatir con más efectividad la enorme corrupción que a diario se da en los recintos aduanales?
No. La única forma de contener el problema (no acabarlo, porque eso es imposible) es con voluntad oficial, y de esa ha habido muy poca o nada durante la actual y las anteriores administraciones gubernamentales.
Es verdad que López Obrador ha mostrado disposición para eliminar esa que, el exgobernador Manuel Cavazos Lerma, llamó “víbora de mil cabezas”, pero no todos en su gobierno comparten esa convicción.
La explicación al fracaso del combate a la corrupción aduanera es sencilla: la podredumbre se consuma, sí, en los recintos fiscales, lo cual es posible solamente con la complicidad de mandos medios y muy altos de la estructura gubernamental, hasta los cuales llegan los “cañonazos” de dólares que generan los arreglos con los delincuentes.
La conclusión, entonces, es que, de nada servirá mudar la dirección general de aduanas si a la par no se comienza a atacar el problema de arriba hacia abajo, porque es en las alturas de la estructura gubernamental donde realmente anida esa “víbora de mil cabezas”.
El mismo presidente López Obrador presumía en su campaña presidencial que, para acabar con la corrupción había que barrer la escalera de arriba hacia abajo y no a la inversa.
Entonces, si la acción se limita solamente a llevar la dirección general de aduanas a la frontera, será como querer “limpiar” las aduanas barriendo de abajo hacia arriba. Y eso no ha funcionado ni funcionará.
EL RESTO.
LLAMAN OTRA VEZ A DIPUTADOS. – Esta semana el Pleno del Congreso será convocado a otra sesión extraordinaria, posiblemente para el miércoles.
Se desconocen las razones de la convocatoria porque no hay en la agenda algún asunto relevante, pero esa duda la despejará este martes la Diputación Permanente cuando sesione por segunda vez en la semana.
La decisión de la bancada del PAN de mantenerse ausente de las sesiones extraordinarias, dependerá de los asuntos que incluya la orden del día que se apruebe.
Si los panistas ven agendado algún asunto de su interés, de seguro aquí estarán ese día.
VAN POR “BLINDAJE”.- Por cierto, este lunes la Diputación Permanente aprobó un dictamen de reforma al artículo 165 de la constitución local, para eliminar la participación de los ayuntamientos en el proceso reformador de la misma carta magna del estado.
El problema para Morena es que, para que la reforma pase la aduana del Pleno se requiere el voto de 24 votos y hasta dónde se sabe sigue sin reunirlos. A menos que tenga un “as” bajo la manga.
Vale recordar que el aval de los ayuntamientos para reformar la Constitución fue uno de los “blindajes” que el exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, colocó en el texto de la ley suprema través de sus diputados panistas en la 64 legislatura.
ASI ANDAN LAS COSAS.
