Rogelio Rodríguez Mendoza
El “chapulineo” ha sido, y es, una de las prácticas políticas que más han dañado a la democracia mexicana.
Se le conoce así a esa decisión que toman muchos legisladores, de brincar a otro partido político distinto al que los postuló y por el cual ganaron en las urnas.
Por eso se les dice “chapulines”, porque brincan de un partido a otro, con una facilidad que raya en la desfachatez y el cinismo.
Lo vemos con recurrencia tanto en las legislaturas federales como en las estatales.
Ahora mismo lo estamos viendo en lo federal. Todavía no inicia la 66 Legislatura del Congreso de la Unión, pero ya 15 diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunciaron su decisión de integrarse a Morena, mientras que dos senadores del PRD hicieron lo mismo.
En Tamaulipas, durante la 65 Legislatura en funciones, ocurrió algo similar. Hubo diputados de Morena y PT que se fueron al PAN y viceversa.
Insisto: no se trata de algo nuevo. Esa práctica es viejísima, y ahí es donde estriba principalmente la gravedad del asunto.
Resulta inexplicable que, siendo una costumbre tan dañina para la democracia, pero sobre todo siendo una gran estafa a la voluntad ciudadana, nadie, ni el INE, ni sus pares en los estados, ni los partidos políticos, ni los gobiernos, y ni siquiera las organizaciones sociales, hayan empujado una reforma legislativa al respecto.
Todo mundo admite la inmoralidad de los “chapulines”. Hay consenso de que es una sinvergüenzada lo que hacen, pero nadie actúa al respecto.
Desde hace muchos años debió legislarse para prohibir que quien gane por un partido político se brinque a otro. Se han reformado la constitución y las leyes para todo, menos para combatir el “chapulineo”.
¿De qué sirve que usted y yo votemos por un candidato a diputado o senador, si al final, luego de ganar, se va a ir a otro partido? ¿Eso no se llama fraude?
Lamentablemente, y hay que decirlo, bajo las condiciones políticas imperantes en el país, será difícil, por no decir que imposible, que se avance hacia una reforma contra ese mal.
Sin embargo, no por ello debemos normalizar esa práctica. Lo menos que podemos hacer es denunciarla. Y sobre, todo, debemos exhibir a los “chapulines”.
EL RESTO
El Poder Judicial del Estado pondrá en marcha, a partir del 23 de septiembre, una innovadora estrategia jurisdiccional para despresurizar la carga de trabajo que agobia a los juzgados de primera instancia familiar.
Se trata de la creación de un Juzgado Electrónico de lo Familiar, que atenderá exclusivamente los asuntos no contenciosos, sobre todo los de jurisdicción voluntaria, donde no hay confrontación de las partes.
Se calcula que el 29 por ciento de los juicios en materia familiar que se promueven en Tamaulipas son precisamente de esa naturaleza: no contenciosos. Ahí radica la importancia del Juzgado Electrónico de lo Familiar.
Sin embargo, me parece que también es urgente ir al fondo del problema. Debe implementarse algún programa o estrategia que investigue, identifique y ataque, las principales causas que han generado la crisis que enfrenta la familia.
Se trata de un problema gravísimo, como lo refleja el hecho de que el 65 por ciento del universo de asuntos que atiende el Poder Judicial, son de naturaleza familiar.
¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué tanto abandono de obligaciones alimenticias? El Gobierno debe identificar las causas y atacarlas.
Qué bueno que el Poder Judicial se preocupe por agilizar la resolución de los juicios, pero que malo que nadie se interese en ir al fondo o al origen del problema.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
