El caso de, Erika Natividad Rodríguez Mascorro, evidencia lo selectivo que es el aparato de justicia cuando se trata de perseguir delitos como el acoso o el hostigamiento sexual.
La Fiscalía General de Justicia del Estado, (FGJE) demuestra una vez más que usa dos pesas y dos medidas al momento de investigar las denuncias ciudadanas.
Cuando se trata de un ciudadano ordinario, hay celeridad, rapidez y severidad en la aplicación de la norma, pero cuando el acusado es un político o personaje público, el sistema de justicia se alenta, se paraliza.
Rodríguez Mascorro es el mejor referente de ello. Lleva más de un año luchando contra la burocracia jurisdiccional y poco o nada ha conseguido en su denuncia contra el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, (Trieltam), Edgar Danés Rojas.
La joven acusó al magistrado de haberla despedido de su trabajo por no aceptar sus pretensiones de índole sexual. El hostigamiento fue constante durante meses hasta que fue obligada a renunciar.
Desde entonces, inició su lucha en busca de justicia. Erika ha tocado todas las puertas posibles. Acudió ante el Senado de la República, ante comisiones de derechos humanos, ante diversas oficinas gubernamentales y ante diputados y diputadas locales, pero nadie le abrió. Todos le han negado su apoyo.
También el resto de magistradas y magistrados del Trieltam prefirieron “nadar de muertito” para no involucrarse en el asunto. A pesar de haber sido enterados anticipadamente sobre los hechos, abandonaron a la víctima para evitar alguna consecuencia.
Frente a ello, uno se pregunta: ¿Hay alguna intención de blindar al magistrado? Es una interrogante que salta obligada ante el sospechoso actuar de las instancias de justicia, y de todos aquellos que están obligados legal y moralmente a intervenir y no lo han hecho.
El caso de Erika también pone en duda, o contradice, el discurso oficialista que a nivel nacional pregona la lucha contra la violencia hacia la mujer, e insiste sobre la defensa de los derechos humanos.
Infinidad de reformas se han aprobado en la legislatura local y la federal, fortaleciendo precisamente el marco jurídico contra el acoso y el hostigamiento sexual, pero pareciera que se trata de letra muerta.
Por lo menos, en el caso de Danés parecen no aplicar.
Desde luego que la historia de Erika también deja muy mal paradas a algunas diputadas y diputados locales que, en un caso similar ocurrido en la Auditoría Superior del Estado, (ASE) acompañaron a la víctima en su peregrinar por las instancias de justicia.
Primero, obligaron al agente del Ministerio Público del caso a desempolvar la carpeta de investigación que llevaba meses encajonada “por órdenes superiores”. Luego hicieron que la afectada encarara públicamente al entonces titular de la ASE, Jorge Espino Ascanio, para que le reclamara el que no la hubiera protegido cuando lo enteró del hostigamiento y acoso sexual de que era víctima.
Eso y mucho más hicieron en defensa de la víctima, lo cual se les aplaudió y se les sigue aplaudiendo.
¿Pero porqué con Erika no han hecho algo similar a pesar de haber sido enteradas?
Hasta donde sabemos, como con la corrupción, también en temas de esta índole, de acoso y hostigamiento sexual, hay una política de cero tolerancia en el gobierno del doctor, Américo Villarreal Anaya. Han sido públicas las historias de servidores públicos que han terminado destituidos por acusaciones de esa naturaleza.
Aunque en este caso, la instancia investigadora y el Trieltam, donde labora el acusado, son autónomos, esperemos que en algo influya esa política de cero tolerancia dictada desde el Poder Ejecutivo.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.