Rogelio Rodríguez Mendoza
La confrontación en la que se encuentran inmersos los tres Poderes públicos a causa de la reforma judicial, mantiene al país en la puerta de una crisis constitucional que podría conducir al caos social.
Se trata de un escenario que no tiene precedentes en la historia nacional y para el que, lamentablemente, no es fácil vislumbrar una salida.
Contra lo que pudiera pensarse, conforme transcurren los días la situación se complica más y amenaza con enfilarse a derroteros cada vez peligrosísimos para cualquier democracia y, sobre todo, para el Estado de Derecho.
Peor aún se presenta el escenario, porque no se vislumbra la mínima intención de conciliar el conflicto por parte de los involucrados. En vez de buscar alternativas de salida, el discurso de diversos actores, sobre todo de legisladores y de algunas ministras afines al gobierno, parece echarle gasolina a la lumbre.
Por una parte, el Poder Ejecutivo y el Legislativo siguen empecinados en que la reforma al Poder Judicial ya es constitucional, con lo que sostienen la tesis de que ya no es recurrible.
“Hagan lo que quieran: el proceso de reforma sigue para adelante”, es el discurso desafiante que sale desde el Senado de la República, muy parecido al que se emite desde la Cámara de Diputados, arrogándose una especie de monopolio de interpretación constitucional que no tienen, porque la única legitimada para ello es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN).
Del otro lado, existen alrededor de 70 suspensiones provisionales expedidas por jueces y magistrados federales, que ordenan dejar sin efecto la reforma judicial hasta en tanto se resuelven de fondo los recursos de impugnación, mientras que que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), analiza si entrará al estudio sobre la validez constitucional del proceso legislativo que concluyó con la reforma al Poder Judicial.
El problema es que, los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, para quienes van dirigidas todas esas suspensiones, se han declarado en un desacato absoluto.
Y ahí es donde se asoma el caos. Si no hay respeto por las decisiones del Poder Judicial, entonces no queda nada, porque se pierde por completo el Estado de Derecho.
Si las sentencias de amparo y las que deriven de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad o de algún otro medio de control constitucional, no son acatadas por las autoridades a quienes van dirigidas, estaremos entrando al terreno de un país sin ley.
Por supuesto que es un escenario muy delicado porque se están desconociendo las más elementales reglas de comportamiento entre los poderes de la unión.
¿Si nadie respeta la constitución, ni la ley, que nos queda? No queda nada.
Se trata de un hecho peligrosísimo porque cuando se pierde el Estado de Derecho lo que sigue es la anarquía social.
Lamentablemente, insisto, no hay nadie que muestre una mínima intención de conciliar. Todos están apostando por la confrontación, lo cual se debe a que nadie quiere verse derrotado política y mediáticamente, con la falsa idea de que eso los debilitará frente a los ojos de los mexicanos, porque pudiera ocurrir lo contrario de que terminen figurando como salvadores de la patria.
Prefieren poner en riesgo la paz social y la democracia nacional que ceder un poco para evitar el descarrilamiento de la gobernabilidad y la paz social.
Desde mi punto de vista, la única que podría salvar la situación sería la misma presidenta, Claudia Sheinbaum, porque su papel de jefa del Estado mexicano es fundamental, pero además tiene un liderazgo indiscutible sobre los legisladores de su partido, que mantienen el control de las dos cámaras del Congreso de la Unión.
Una sola señal suya bastaría para salvar la crisis constitucional a la que estamos a punto de entrar.
¿Lo hará? Ojalá y sí.
Es lo único que nos queda.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
