Rogelio Rodríguez Mendoza
Diputados locales y funcionarios estatales han venido insistiendo en el anuncio sobre una segunda revisión a 159 cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021.
Se trata de cuentas públicas del gobierno que encabezó el panista, Francisco García Cabeza de Vaca, y que fueron aprobadas con sospechosa urgencia y rapidez, en los últimos días de ejercicio de la anterior legislatura que precisamente lideró el PAN.
La 65 legislatura en funciones que encabeza Morena ordenó a la Auditoría Superior del Estado, (ASE), revisar todas las cuentas aprobadas al anterior gobierno, y al final el órgano fiscalizador determinó que en un centenar y medio de ellas no se siguió el procedimiento establecido en la ley de fiscalización.
Eso abre la sospecha de que, en su momento la ASE que encabezaba Jorge Espino Ascanio, amigo del exgobernador panista, maniobró para encubrir posibles usos ilícitos de una multimillonaria cantidad de recursos públicos.
Por eso la decisión de darle una nueva espulgada a los 159 informes financieros.
La cuestión es: ¿Tiene capacidad la ASE, que ahora tutela, aunque sea interinamente, Francisco Noriega Orozco, para descubrir y probar el multimillonario saqueo que se atribuye a la administración cabecista?
La verdad, no sabemos la respuesta. Habrá que esperar a que concluya esa segunda revisión a toda la documentación que será puesta bajo lupa.
Lo que si hay que dejar claro es que, desde siempre la ASE fue un simple instrumento que los gobiernos en turno utilizaban para presionar o chantajear a los enemigos o adversarios políticos. Si eras amigo del gobernador o te portabas bien como alcalde o funcionario, tus cuentas eran aprobadas sin problema.
Era común que las legislaturas “congelaran” las cuentas públicas de los adversarios incomodos para mantenerlos en una especie de amago permanente.
Por eso sobran los dedos de una mano para contar a los servidores públicos que han sido procesados penalmente, o por lo menos castigados por la vía administrativa, por alguna malversación de fondos públicos.
Esperemos que ahora las cosas sean diferentes en la ASE. De entrada, lo deseable es que el órgano fiscalizador de los dineros públicos se sacuda las injerencias políticas para asumir con decencia y pulcritud su papel de vigilante del presupuesto.
Que sea una verdadera instancia dedicada a cuidar los dineros públicos y no, como le decía, un instrumento de presión o chantaje político.
El gobernador, Américo Villarreal Anaya, ha dejado clara su decisión de cero tolerancia a la deshonestidad en su administración, por lo que eso nos esperanza de que habrá un proceso fiscalizador transparente, enérgico y sobre todo parejo.
Eso es lo ideal en una administración que quiere rendir buenas cuentas a los ciudadanos: contar con un órgano fiscalizador autónomo, sin ataduras, que no repare en filias o fobias partidistas a la hora de aplicar la ley para castigar la corrupción.
Por lo pronto, Noriega Orosco tiene enfrente, con esas 159 cuentas públicas cabecistas, un reto y una oportunidad inmejorable para demostrar que su llegada a la ASE fue precisamente por su capacidad para el cargo.
Ojalá que él si pueda conseguir lo que no ha logrado, (o no ha querido), la fiscalía especializada en combate a la corrupción que tutela, Raúl Ramírez Castañeda, quien mantiene, desde hace más de un año, en la “congeladora” poco más de 60 carpetas de investigación por delitos de corrupción atribuidos a un centenar de exfuncionarios cabecistas.
¿Lo hará? ¿Podrá?
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
