Rogelio Rodríguez Mendoza
Con su independencia y autonomía, el Poder Judicial Federal ha sido y es la última línea de batalla contra los excesos de los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo.
Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los tribunales colegiados y los juzgados de distrito están convertidos en una especie de bastión para ponerle freno, no solo los abusos emanados del poder público, sino también a la injusticia y la corrupción que prevalece en los sistemas estatales de justicia.
“Benditos sean los tribunales federales”, se escucha decir con frecuencia a los abogados litigantes, cuando saben que en los órganos jurisdiccionales federales tienen una instancia confiable a quien recurrir para combatir la resolución de una autoridad local que es totalmente contraria a derecho e inconstitucional.
Lo dicen porque saben que, aunque también existen “prietitos en el arroz”, los tribunales federales ejercen a cabalidad su independencia y autonomía para dar respuesta a las demandas de los justiciables.
Precisamente por todo ello debe preocuparnos, y mucho, la reforma constitucional que está impulsando el actual Gobierno federal, porque podría echar por la borda tantos años de esfuerzo para consolidar un Poder Judicial Federal independiente y autónomo, en el cual los ciudadanos podemos confiar para defendernos de los excesos de cualquier autoridad.
Como a muchos mexicanos, en lo personal me tiene muy preocupado la parte del proyecto de reforma que propone elegir a los ministros, magistrados y jueces, a través del voto popular.
Ese es el eje principal de la reforma que tentativamente quedaría aprobada en septiembre próximo.
Desde diversos sectores de la sociedad, particularmente desde el foro litigante, han venido surgiendo llamados de alerta al gobierno para que piense dos veces su proyecto de reforma. Se han delineado y enumerado los graves riesgos que implicaría la designación de los juzgadores a través de un sistema electoral.
Obligarlos a hacer campaña para obtener o mantener su puesto colocaría en una condición de vulnerabilidad a todos aquellos que busquen un cargo de ministro, magistrado o juez, porque abriría la posibilidad de que sean cooptados por grupos delincuenciales.
Ya podemos imaginarnos a los grupos del crimen organizado impulsando a sus “candidatos”, a quienes, por supuesto, luego les cobrarán su apoyo exigiéndoles sentencias a favor de los suyos.
Estamos de acuerdo en que, como todo en la vida, el sistema judicial es perfectible y seguramente habrá aspectos que deben corregirse para elevar la efectividad y eficacia del modelo de justicia mexicano, pero no por eso debe caerse en excesos o absurdos como pretender que un juzgador sea electo en las urnas.
Si el gobierno y sus legisladores se atreven a eso podrían estar abriendo la puerta al caos, porque permitirían que cualquiera, sin conocimientos o experiencia, pueda terminar ejerciendo como Juez, Magistrado o Ministro, y quienes pagaríamos las consecuencias seriamos nosotros, los justiciables.
Luego entonces, crucemos los dedos para que la cordura llegue a quienes impulsan la reforma.
EL RESTO
Los diputados panistas, Edmundo Marón Manzur y Marina Edith Ramírez Andrade, abandonaron los trabajos relacionados con las entrevistas a quienes aspiran a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet).
Se aburrieron y prefirieron regresar a sus casas luego de concluida la sesión ordinaria del Pleno Legislativo, el pasado martes.
Ese es el tamaño del interés que ambos diputados tienen por la defensa de los derechos humanos de los tamaulipecos.
Tanto Marón como Ramírez Andrade son parte de la comisión legislativa encargada del desahogo del procedimiento que culminará con la elección del próximo titular de la Codhet. Para resolver su irresponsabilidad se tuvo que llamar a sus suplentes en la comisión.
ASI ANDAN LAS COSAS.
