Enrique Diez Piñeyro Vargas
Quienes se sientan sorprendidos en torno a la decisión tomada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que nueve de sus integrantes en el pleno votaron a favor del proyecto presentando por el ministro Alberto Pérez Dayán, con el cual se invalidan las reformas a la ley en material electoral conocidas como el “Plan B” promovidas por el Presidente López Obrador, deberían de entenderlo como algo ordinario en cualquier país civilizado que se rige bajo una democracia y en el que prevalece la división de poderes.
Para entender lo anterior, la fracción parlamentaria del partido Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México aprobaron por mayoría simple en ambas cámaras las modificaciones a la Ley General de Responsabilidades, así como el paquete que pretendía acotar las facultades del INE –el órgano autónomo que organiza las elecciones– con el argumento de generar ahorros para el erario público.
El proyecto presentando por el ministro Pérez Dayán admite acciones de inconstitucional 29/2023 y acumuladas, 30, 31, 37, 38, 43 y 47/2023, sustentando hasta tres irregularidades en la norma, la primera de ellas en cuanto al Congreso constituido como un Parlamento Abierto, la consulta popular a poblaciones indígenas, al tratarse de una ley electoral; y los vicios legislativos en los que incurrió la Cámara de Diputados.
Debemos de entender que el punto central de esta discusión es la violación de los procedimientos legislativos, lo que viene a asentar un precedente en el sentido que un gobierno emanado de cualquier partido político aunque cuente con una mayoría parlamentaria en ambas cámaras, no puede venir a hacer lo que le plazca y no lo exime a incurrir en anomalías, por lo que debe de conducirse dentro del marco jurídico.
No se trata de caer en el debate si las reformas promovidas por el Gobierno de la República, vía sus representantes populares en el Congreso, tenían buenas intenciones y buscaban una mejora en los órganos electorales, o simplemente violentaban la autonomía y el funcionamiento del INE como institución. Aquí el punto central debe de ser las formas; así de sencillo. Situaciones como lo antes expuesto han ocurrido en países como los Estados Unidos de América, España, Alemania, Francia, por citar algunos, en los cuales sus gobiernos tienen en el Poder Judicial un contrapeso, cuyo único objetivo es defender la Constitución y las leyes que de ella emanen, y para eso es prioridad velar por el debido proceso en sus modificaciones y aplicaciones.
Las opiniones en el sentido si este capítulo en la vida política de nuestro país es una guerra ganada o perdida por unos u otros resulta un debate estéril. En este tema en lo particular gana la ley, se fortalece la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un poder al servicio del Estado Mexicano, y se manda un mensaje muy claro a los legisladores federales en el sentido que ya es hora de ponerse a trabajar y adquieran conocimientos de la ley y sus efectos.
En cuanto a los partidos de oposición, el mismo escenario de los últimos cuatro años y seis meses que lleva la administración pública federal del Presidente López Obrador: ¡están dormidos! Esta oposición opaca nada aportó a este tema. Sus cúpulas pasaron de noche demostrando una vez más que su único interés es continuar devorándose las prerrogativas, alejándose cada vez más de la ciudadanía y, por consecuencia, mucho menos pretender abanderar las causas sociales de millones de inconformes.
La pregunta es: ¿De los recursos de acción inconstitucional “promovidos” por los partidos de oposición solo para salir en la foto en las escalinatas de la Suprema Corte, alguno fue materia a tomarse en cuenta en el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán?
“La Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades; guárdala y cuídala; mantén el honor y el orden en tu propia casa, y la República perdurará”: Gerald Ford.
