Rogelio Rodríguez Mendoza
En 2016, cuando se estrenó oficialmente el sistema de justicia penal acusatorio, sus creadores nos dijeron a los mexicanos que estábamos viviendo el antes y el después del modelo de procurar e impartir justicia.
A partir de ahora, reiteró en ese entonces el discurso oficial, la justicia será verdaderamente “pronta, rápida y expedita”. Se irán a juicio penal solo entre un diez y un 20 por ciento de los conflictos, porque la mayoría se resolverán a través de otros mecanismos alternativos como la mediación y conciliación, o bien mediante acuerdos reparatorios.
La oralidad y la publicidad de los procesos cerrarán las puertas a la corrupción. Los jueces dictarán sus sentencias frente al público, lo que reducirá el riesgo de los “arreglos” que se daban en la privacidad de las oficinas.
Total, que aquella reforma constitucional al sistema de justicia, aprobada en junio del 2008 y a la que se le otorgó una “vacatio legis” de ocho años para que se “aterrizara” formalmente, se nos ofreció como el parteaguas salvador de la justicia.
Sin embargo, hoy, ocho años después del estreno del modelo de justicia penal acusatorio, cuya característica principal es la oralidad de las audiencias, nada de lo que se nos ofreció se cumplió.
Es evidente que el sistema penal acusatorio ha sido un fracaso total. La corrupción no ha desaparecido; la desconfianza hacia los jueces persiste; los procesos penales no se concluyen en tres meses; y son muchos más los asuntos que se judicializan que los que resuelven por medios alternos.
Le cuento de todo ello para hacer un simil con el proyecto de reforma al Poder Judicial que está en la discusión pública. Se nos asegura que elegir por votación popular a ministros, magistrados y jueces, (el cambio más destacable y polémico contenido en la iniciativa) permitirá ponerle fin a la corrupción en ese Poder, y con ello tendremos una mejor justicia.
Se nos dice, como ocurrió en el 2016 que, con juzgadores electos directamente por el pueblo, nuestro sistema de impartición de justicia quedará sanado y saneado. Ni una cosa ni otra.
No quiero ser “aguafiestas”, ni pecar de pesimista, pero le adelanto que la reforma judicial que será aprobada está condenada al fracaso, igual que la aprobada en 2008.
He escrito al respecto al menos dos veces antes, y hoy lo hago de nuevo, preocupado porque no se vislumbra ninguna posibilidad de que haya un desistimiento sobre el proyecto para suplirlo por otra más amplia.
Es imposible lograr resultados tratando de solucionar una sola parte del problema. El sistema de justicia no lo conforma solamente el Poder Judicial. También lo integran las policías, los agentes del Ministerio Público, los peritos, los abogados defensores, públicos y privados, los jueces y el sistema penitenciario.
Entonces, si la aspiración es genuinamente mejorar la justicia, la reforma debe ser completa y no solo al Poder Judicial.
De hecho, más que en los juzgadores, el verdadero problema está en las policías y el Ministerio Público, que tienen a su cargo la investigación y persecución de los delitos. El Gobierno lo sabe porque sus cifras estadísticas de impunidad son de miedo.
Por todo ello es que le quiero adelantar, insisto, sin ser derrotista, que a nada bueno conducirá la reforma judicial que estará aprobándose en septiembre próximo.
Al tiempo, tiempo.
EL RESTO
ÚRSULA: ¿DIPUTADA O SECRETARIA?.- La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Úrsula Salazar Mojica, se reunió la tarde del martes con los periodistas que cubren la fuente legislativa.
La legisladora por Tampico seguirá como diputada otros tres años luego de haber logrado su reelección el pasado dos de junio.
Su tarea al frente del Poder Legislativo ha sido destacada, a pesar de que no debió ser fácil ejercer el cargo con una oposición que llegó dolida y resentida luego de haber perdido el mando en el Congreso, pero también porque dentro de la misma bancada de Morena hubo grupitos de poder que no solo no querían atender “línea” sino que la querían imponer.
Nosotros insistimos en que el destino de la también coordinadora de la bancada de Morena está en una de las secretarías de la administración pública estatal.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
