Rogelio Rodríguez Mendoza
Desde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Javier Castro Ormaechea, se convirtió en el brazo operador de venganzas políticas del entonces gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
Bajo la bandera anticorrupción, durante el sexenio pasado, el abogado victorense usó toda la fuerza del estado para amagar, presionar y encarcelar a los adversarios o enemigos del mandatario reynosense.
Como fiscal anticorrupción fue implacable, pero solo con los enemigos u opositores del gobierno cabecista. Aquellos que estorbaban a los intereses políticos o económicos de García Cabeza de Vaca, eran sometidos con el amago de una carpeta de investigación, con la solicitud de una orden de aprehensión o hasta con la cárcel.
Su víctima más conocida fue el exgobernador priista, Eugenio Hernández Flores, quien estuvo privado de su libertad casi seis años como consecuencia de los procesos penales que la fiscalía le fabricó, y de los cuales finalmente terminó absuelto.
El encarcelamiento fue más un capricho y una demostración de poderío del entonces gobernador panista, y Castro Ormaechea fue el encargado de satisfacer esa sed de venganza.
A cambio de todo ese trabajo sucio, terminó premiado con una magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Meses antes de que concluyera la administración cabecista, fue encumbrado por la entonces legislatura panista, como integrante del Pleno del Poder Judicial del Estado, donde destaca, no por sus resoluciones sino por su arrogancia y, sobre todo, su prepotencia para con sus colaboradores o subalternos.
Son muy conocidas las historias de abusos cometidos contra su personal y en especial con algunos de sus secretarios, a quienes ha humillado en público para obligarlos a renunciar, sin que haya enfrentado consecuencias por ello ni por los excesos que cometió desde la fiscalía anticorrupción.
Sin embargo, todo parece indicar que se le ha llegado la hora, o como diría la sabiduría popular, el pasado está por alcanzarlo.
Resulta que, algunas de sus víctimas han comenzado a vencer el miedo para hacer públicos los abusos que padecieron.
Una de ellas es el exalcalde de San Carlos, Samuel Rodríguez Urbina, quien recientemente fue absuelto de un proceso que, de acuerdo a su versión, le fabricó Castro Ormaechea, en venganza porque se negó a volver a postularse para la presidencia municipal, pero por el PAN.
En noviembre del 2017, diez años después de haber terminado su gestión al frente de la alcaldía, Rodríguez fue detenido e ingresado al Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes), de Ciudad Victoria, acusado de un peculado de un millón de pesos.
El exedil cuenta que el uso del recurso fue aprobado por unanimidad de votos por el cabildo para la reparación emergente de un camino vecinal y para compra de llantas, lo cual fue acreditado debidamente con facturas, como lo constató la Auditoría Superior del Estado, quien le aprobó, sin problema, sus tres cuentas públicas.
Nada de eso importó al hoy magistrado, porque desde la fiscalía anticorrupción le abrió una carpeta de investigación, le gestionó una orden de aprehensión y lo remitió al penal capitalino, aunque luego de 20 días pudo salir bajo fianza para enfrentar su proceso en libertad.
Luego de casi siete años de litigio, un Juez lo absolvió al considerar que no había cometido ningún delito.
Por eso, ahora que probó su inocencia, Rodríguez dice que está decidido a hacer que Castro Ormaechea pague por lo que hizo. Para ello, lo denunciará penalmente y lo demandará por la vía civil para reclamarle la reparación del daño moral.
“No puede quedar impune”, dice.
Debe haber muchas más víctimas de los excesos del cabecismo, a través de Castro Ormaechea. Ojalá que, como Don Samuel, se armen de valor para denunciar y reclamar justicia.
ASI ANDAN LAS COSAS.
