Rogelio Rodríguez Mendoza
En abril del 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, destituyó como magistrado del Tribunal Electoral de Tamaulipas, (Trieltam), al abogado Luis Alberto Saleh Perales.
En aquella ocasión, los magistrados del máximo tribunal de justicia electoral del país, le dieron la razón al PRI respecto a la impugnación en la designación de Saleh por parte del Senado de la República.
La resolución de la Sala Superior fue que el tamaulipeco no podía ser magistrado electoral por su vinculación con el Partido Acción Nacional, (PAN), durante los tres años previos a su designación.
La convocatoria para la magistratura del Trieltam, establecía entre los requisitos, el de no haber recibido nombramiento de un partido político o haber desempeñado tareas partidistas en los tres años previos al cargo.
El requisito tenía sobrada justificación: era incongruente poner a impartir justicia electoral a una persona con vínculos probados con un partido político.
Saleh es uno de los abogados tamaulipecos con mejor preparación en materia electoral. Me consta que ha dedicado años a prepararse en el derecho electoral. Es un apasionado de ese tema. Hoy mismo es funcionario del Tribunal Electoral de Tamaulipas.
Sin embargo, ese vínculo partidista le frustró su llegada a uno de los cargos que para los abogados es la cúspide de su carrera: una magistratura.
Le cuento de todo ello, porque un impedimento similar al de Saleh podría terminar frustrando la designación de, Jesús Eduardo Govea Orozco, como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Govea figura en un grupo de cuatro abogados calificados, el pasado viernes, por el Pleno del Congreso del Estado, como idóneos para asumir la titularidad de la fiscalía anticorrupción, a partir del uno de noviembre próximo y por un plazo de ocho años.
Sin duda, se trata del mejor perfil para convertirse en el responsable del combate a la corrupción en el estado. Como lo hemos citado aquí mismo, es dueño de una amplia trayectoria en el ejercicio del derecho y particularmente en el sistema de procuración de justicia.
Sin embargo, hay un “prietito en el arroz”: durante el proceso electoral del 2022, Govea fue representante del partido Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam).
Sus vínculos con el partido en el poder son públicos, lo que podría terminar, como ocurrió con Saleh, impidiendo su designación, porque la convocatoria que el Congreso del Estado emitió para los interesados en competir por la titularidad de la fiscalía anticorrupción, estableció como requisito, precisamente el de no tener nexos partidistas.
Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, declaró recientemente que, “no hay impedimento alguno” para la eventual designación de Govea, bajo el argumento de que no es lo mismo ser representante del partido ante el Ietam que ejercer un cargo de dirección partidista.
Pero, más allá de lo que diga el también coordinador de los diputados de Morena, seguramente llegado el momento sobrará quien impugne la designación de Govea, por lo que serán entonces los tribunales jurisdiccionales quienes decidan al respecto.
Nosotros insistimos: es indudable que el abogado victorense es el mejor perfil para tutelar la fiscalía anticorrupción, pero sería un absurdo y una contradicción enorme corromper la ley para colocarlo en el cargo.
Además, tanto la fiscalía anticorrupción, como la Auditoría Superior del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), y otros órganos autónomos, deben estar bajo la tutela de servidores públicos libres de compromisos o afinidades políticas para poder garantizar una actuación completamente imparcial.
Esa debe ser la principal exigencia que legitime a quienes tengan bajo su mando esas instancias. De lo contrario, su trabajo siempre estará manchado por la sombra de la duda o la sospecha.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
