Rogelio Rodríguez Mendoza
El impuesto sobre la propiedad, lo que todos conocemos como el predial, es la principal fuente de ingresos tributarios de los municipios.
El predial se calcula en base a los valores catastrales del inmueble, y estos se estiman en función de los valores unitarios del suelo y la construcción que fija la autoridad municipal con el aval de los legisladores.
El tema cobra relevancia porque, como sucede cada año, hoy diez de septiembre vence el plazo que tienen los ayuntamientos para presentar, ante el Congreso del Estado, sus tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2025.
Eso significa que antes de que acabe este martes, los municipios ya deberán haber enviado sus propuestas, para que los diputados las analicen y determinen si se las aprueban o se las rechazan.
Seguramente habrá muchos municipios que propondrán incrementar los valores catastrales bajo el argumento de que eso les permitirá aumentar sus ingresos tributarios y atender problemáticas o carencias en su territorio.
Sin embargo, puedo adelantarle que la discusión será sobre lo mismo de siempre: ¿Se deben aceptar incrementos a los valores catastrales y en consecuencia incrementar el predial, o la solución es exigirles a los ayuntamientos más eficiencia para recaudar el impuesto?
En lo personal, me inclino por la segunda opción. Resulta completamente injusto que haya municipios donde, cada año solamente cumplen con esa obligación entre un 50 y un 60 por ciento de los contribuyentes.
Es decir, casi la mitad de los ciudadanos incumplen con el pago del predial, lo que significa una fuga enorme de recursos que los ayuntamientos dejan de percibir.
Eso ocurre, evidentemente, porque los gobiernos municipales son incompetentes, o ineptos, para encontrar una estrategia que les permita revertir ese rezago en el pago tributario.
De hecho, tal vez no se han dado cuenta, pero son ellos mismos, los ayuntamientos, quienes terminan favoreciendo la morosidad ciudadana, porque cada año implementan un programa de quitas de recargos y multas a quienes hayan incumplido con su obligación.
Con ello, solo alientan esa morosidad, porque hay ciudadanos “listillos” que ya saben que, si no pagan el impuesto durante dos, tres o más años, al final no solo les perdonarán el no pagar a tiempo su predial, sino que hasta les ofrecerán algún beneficio.
¿Qué cree usted que piensa y siente el ciudadano cumplido con el pago, ese que apenas inicia el año y ya están haciendo fila en la ventanilla respectiva, cuando ve que hay muchos que deben varios años de predial?
Obvio: el cumplido se debe sentir indignado ante tal situación, y seguramente muchos habrán optado por mejor no pagar.
Por eso mi insistencia de que, en vez de que los ayuntamientos estén pidiéndoles a los diputados que les autoricen incrementos a sus valores de suelo y construcciones, deben aplicarse en ser mejores recaudadores. Su prioridad debe ser reducir el porcentaje de incumplidos.
En ese sentido, los gobiernos deben ya dejar de ser timoratos al momento de aplicar la ley. Es tiempo de ser más severos con los deudores porque de lo contrario seguiremos perdiendo todos.
En vez de estar otorgando beneficios a los incumplidos, condonándoles multas y recargo, lo que procede es llevar hasta las últimas consecuencias los procedimientos administrativos.
De seguro habrá quien se rasgue las vestiduras en defensa de los más necesitados, argumentando que muchos de los que no pagan lo hacen porque precisamente carecen de recursos para hacerlo, pero yo les diría que, hay estudios e investigaciones serias, a través de las cuales se ha descubierto que muchos de los morosos son los que más tienen.
Es decir, la mayoría de los deudores son solventes económicamente.
Ojalá y que las nuevas administraciones municipales que inician el uno de octubre, entiendan que, en materia de recaudación del predial, hay que cambiar, con urgencia, la fórmula.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
