diciembre 13, 2024
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Ma. Teresa Medina Marroquín

¿Érase una vez una democracia?

febrero 27, 2024 | 235 vistas

Ma. Teresa Medina Marroquín

 

URGE ACLARAR QUIÉNES IMPONEN LOS JUICIOS SUMARIOS

Los medios de comunicación y las redes sociales tienen todo el derecho, sin la menor duda, a denunciar cualquier acto de corrupción gubernamental.

E independiente de la trifulca política entre el presidente López Obrador y diversos medios extranjeros y nacionales, los señalados rotativos cibernéticos, así como las redes sociales, están obligados moralmente a exhibir todo el desastre catastrófico y eterno de corrupción que el país arrastra desde por lo menos 50 años.

Un sufrimiento social que viene desde José López Portillo, Miguel de la Madrid, los truculentos sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, hasta Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, esos medios y redes deben (ante todo) presentar las pruebas incriminatorias que demuestren que diversos funcionarios federales, estatales y municipales, al igual que los hijos de AMLO, empezando por José Ramón López Beltrán, están involucrados realmente.

¿De otra forma dónde quedaría la presuntuosa “legión de la verdad” que esos medios advierten tener?

Pero si las cosas políticas andan tan mal como arguyen esos medios, afirmando que no se trata de notas que conlleven la hostilidad que interpreta el inquilino de Palacio Nacional, sino que México ya está convertido en un Narco-Estado, entonces tales medios, que de pronto se erigieron en fiscalías y tribunales ejerciendo los más dramáticos juicios sumarios, deben olvidarse de las especulaciones.

Porque hacer un periodismo que sólo coloca “culpables” en el paredón, a fin de que reciban del pelotón de fusilamiento la muerte política mediante interminables cargas de disparos, ante las que nadie sale vivo, sí que es un delito muy grave.

De otra forma, y disculpen por tan elemental lógica, nadie, poderoso o débil, culto o ignorante, se salvaría de los juicios de esa prensa injusta y odiosa.

Pues qué fácil, y dígame si no, se hace que esta prensa acuse a cualquiera, de narco, corrupto, asesino o cómplice de cualquier maldito que haya saqueado las arcas de la nación, ¡pero sin pruebas!

 

TAMBIÉN SUCEDE EN LOS DOMINIOS DE CERDA ZÚÑIGA

Este fenómeno, aunque usted no lo crea se recrudece en los propios tribunales, y tales arbitrariedades están ocurriendo (se dice) en los dominios de David Cerda Zúñiga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, donde a pesar de que ciertas personas no se les haya comprobado el delito del que son acusadas, ciertos jueces les cargan esas culpas, como si la parte contraria haya presentado las pruebas.

¿Todo esto es moda o de qué demonios se trata? Sea una cosa u otra, las autoridades, comenzando por el Presidente y los gobernadores, deben con URGENCIA desplegar medidas que frenen –a la de ya– a un mundo donde a la calumnia y a la difamación se les den cartas de naturalización.

Porque a ese paso las y los mexicanos seremos, sin justos procesos judiciales, condenados a ser narcos, delincuentes, saqueadores o asesinos, colapsándose la democracia, sólo porque a algunos grupos políticos o de medios se les ocurrió desgraciarle la vida a cualquier ciudadano.

Esa realidad acabará por desgarrar a la sociedad mexicana, que ya de por sí sufre una horrenda pesadilla heredada precisamente por ese medio siglo de sexenios señalados.

Calumnias y difamaciones que detonarían odios y venganzas, y cuya implosión, en época de elecciones, carecerían absolutamente de ese orden democrático del que tanto se ha presumido en México.

 

INFORME DE AMÉRICO: VIVIR CON DIGNIDAD Y ESPERANZA

En su Segundo Informe el Dr. Américo Villarreal Anaya ubicó en el centro de su administración a los tamaulipecos. Sus planes de gobierno se sintetizaron en una frase extraordinaria: “Se trata de reconstruir un estado social justo, próspero y solidario en donde todos podamos vivir con dignidad y esperanza”.

Confirmó su compromiso con la protección social, la correcta administración de los recursos y el estricto cumplimiento de las leyes, “aplicando las sanciones a quienes las transgredan”. Seguiré comentando en otros espacios aspectos relevantes de este Segundo Informe.

¡Feliz miércoles!

[email protected], @columnaorbe

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